Legislación sectorial

Tal como ya se mencionó, en Chile la preocupación jurídica por el tema ambiental no es enteramente nueva. Desde hace varias décadas se vienen dictado normas que de una u otra forma han pretendido regular aspectos específicos del quehacer humano que tienen incidencia ambiental.

Así, en 1912 se crearon las reservas forestales Llanquihue, Alto Bio Bío y Villarica. En 1916 se dictó la Ley 3.133 sobre Neutralización de los Residuos Provenientes de Establecimientos Industriales. Mediante el Decreto Supremo 2491, del mismo año, del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, se promulgó el reglamento para la aplicación de la citada Ley.

En 1931, a través del Decreto Supremo 4.363, del Ministerio de Tierras y Colonización, se aprobó el texto definitivo de la Ley de Bosques, que contuvo normas de protección forestal y de fomento para el establecimiento de nuevas superficies boscosas, cuyos efectos todavía perduran.

Más recientemente, el gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994) dictó diversos decretos supremos que han permitido abordar graves y urgentes problemas de contaminación atmosférica en centros urbanos e industriales: el Decreto Supremo 185, del Ministerio de Minería (1991); el Decreto Supremo 4, del Ministerio de Salud (1992); y el Decreto Supremo 211, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (1991), entre otros.

La CONAMA realizó un análisis del universo de normas ambientales, o con relevancia ambiental, vigentes en Chile, que concluyó en un texto denominado Repertorio de la Legislación de Relevancia Ambiental Vigente en Chile. Este estudio permitió detectar la existencia de 718 textos legales de relevancia ambiental; además, un suplemento al estudio sindicó otro grupo de normas las que, sumadas, arrojan un número superior a 900.

Debido a que en este documento sería engorroso incluir una lista exhaustiva de esta legislación sectorial, se presentan - para los medios aire, agua, suelo y ruido - las principales disposiciones sectoriales de relevancia ambiental.

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, el desafío de los próximos años será adecuar las regulaciones ambientales a un sistema legislativo coherente aplicable, moderno y eficiente. El primer paso ha sido la promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Como segundo paso se plantea la necesidad de desarrollar cuerpos legales sectoriales coherentes que acogiendo las disposiciones que ya existen, los reordenen y renueven, y agreguen elementos complementarios. En este contexto, está pendiente la dictación de leyes sobre aguas, conservación de suelos y biodiversidad.